Las empresas agrícolas se encuentran en un panorama complejo y muy regulado, en el que el cumplimiento no es sólo un requisito, sino una ventaja competitiva. Las principales normas mundiales, como la EUDR, la CSRD y la CDP, exigen una gran transparencia en ámbitos como la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de los recursos hídricos. Cumplir estas estrictas normativas es crucial para hacer frente a la fluctuación de los precios de las materias primas, las interrupciones de la cadena de suministro y el aumento de los costes operativos. Navegar entre estas presiones es esencial para mantener el acceso al mercado, garantizar la reputación de la marca y evitar sanciones significativas o restricciones comerciales.

Las certificaciones de sostenibilidad, como la ISCC y la RSB, abren las puertas a precios superiores para los compradores con conciencia ecológica. Las empresas que demuestran su compromiso con las prácticas sostenibles fomentan la confianza de los consumidores, los inversores y las partes interesadas, y se posicionan como líderes en responsabilidad medioambiental. Abordar de forma proactiva estos requisitos normativos también puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado mundial cada vez más concienciado con el medio ambiente.